La UE pospone las normas de información sobre sostenibilidad para empresas no pertenecientes a la UE
• La Comisión Europea ha retrasado la adopción de normas de presentación de informes de sostenibilidad para empresas no pertenecientes a la UE en el marco de la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) hasta al menos octubre de 2027.
• El retraso forma parte de un esfuerzo más amplio de la UE para reducir las cargas administrativas a través de su “agenda de simplificación”, que afecta a más de 100 actos legislativos planificados.
• La medida coincide con las negociaciones transatlánticas y las propuestas internas de la UE para limitar el alcance de los requisitos de divulgación corporativa en el marco de la iniciativa Omnibus I.
La Comisión Europea ha retrasado la implementación de estándares de informes de sostenibilidad para grandes empresas no pertenecientes a la UE bajo la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), como parte de un esfuerzo más amplio para reducir la complejidad regulatoria y los costos administrativos en todo el bloque.
Las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) para empresas no pertenecientes a la UE estaban inicialmente previstas para su adopción a mediados de 2024, antes de posponerse hasta junio de 2026. Ahora se retrasarán aún más, y la Comisión ha declarado que no se tomará ninguna medida antes de octubre de 2027.
El aplazamiento se confirmó en una carta enviada por la Comisión a los reguladores financieros de la UE, en la que se describe su proceso de despriorización. La carta enumera 115 actos legislativos, considerados no esenciales para los objetivos políticos inmediatos, que se retrasarán en el marco del programa de simplificación del bloque, cuyo objetivo es impulsar la competitividad y reducir la burocracia.
Un cambio en el ritmo regulatorio de Europa
El retraso refleja la creciente presión política dentro de la UE para recalibrar el ritmo de la regulación de la sostenibilidad en medio de un crecimiento más lento y un panorama de inversión global cambiante.
La CSRD, que entró en vigor a principios de 2024, exige la presentación de informes exhaustivos de sostenibilidad a las grandes empresas de la UE y a las empresas no pertenecientes a la UE que generen ingresos significativos dentro del bloque. Se esperaba que estas entidades extranjeras —normalmente con una facturación superior a 150 millones de euros (163 millones de dólares estadounidenses) en la UE y al menos una filial o sucursal en la región— comenzaran a presentar informes en 2028 utilizando el ESRS para «empresas de terceros países».
Al aplazar la adopción de las normas, la Comisión ha congelado de hecho un componente clave de su marco insignia de sostenibilidad para las empresas multinacionales.
La medida forma parte del paquete legislativo Omnibus I, actualmente en negociación en Bruselas, que busca consolidar y simplificar varias leyes de gobierno corporativo interrelacionadas, incluidas la CSRD y la Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD).
Racionalización del CSRD
Entre las reformas ómnibus propuestas se encuentran importantes reducciones del alcance: limitar las obligaciones de presentación de informes CSRD a empresas con más de 1,000 empleados (en lugar de 250) y recortar el volumen de las divulgaciones requeridas.
Los legisladores ya han introducido una medida de "detención del reloj" que suspende ciertos plazos de la CSRD para las empresas más pequeñas mientras se ultima el nuevo marco. El efecto combinado de estos ajustes podría excluir a miles de empresas que ya se preparaban para presentar informes detallados de sostenibilidad.
Los críticos del marco vigente argumentan que los costes de cumplimiento, especialmente para las empresas medianas, podrían socavar la competitividad industrial de la UE. Sin embargo, quienes lo apoyan advierten que la reducción del régimen podría erosionar la transparencia y debilitar la confianza de los inversores en los datos de sostenibilidad.
Tensiones transatlánticas y diplomacia comercial
La decisión también tiene implicaciones geopolíticas. El retraso se debe a la presión ejercida por grupos empresariales y figuras políticas estadounidenses, preocupados por la posibilidad de que el alcance extraterritorial de la CSRD imponga costosas y duplicadas cargas de información a las empresas estadounidenses.
En los últimos meses, Bruselas y Washington firmaron un acuerdo marco que incluía el compromiso de garantizar que la CSRD y la CSDDD no impongan restricciones indebidas al comercio transatlántico. La ampliación del plazo podría ofrecer un margen de maniobra para una mayor armonización o reconocimiento mutuo entre los sistemas de divulgación de la UE y EE. UU.
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Las normas sectoriales y de las PYME también están en suspenso
Otras normas de información afectadas por la iniciativa de la UE de despriorizar las normas incluyen los ESRS sectoriales y las normas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que cotizan en bolsa. Si bien ambas se esperaban a corto plazo, es improbable que avancen antes de 2027, y podrían finalmente integrarse en las revisiones más amplias de la norma Ómnibus.
Para las corporaciones globales, el último aplazamiento introduce un período más largo de incertidumbre sobre la forma y el calendario de las obligaciones de divulgación de sostenibilidad de la UE. Algunos analistas del mercado esperan que las empresas se mantengan alineadas con estándares voluntarios como el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) o el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD) mientras tanto, para preservar la confianza de los inversores y la comparabilidad.
Implicaciones estratégicas para inversores y ejecutivos
Para los inversores, el retraso complica la coherencia de los datos ESG entre mercados, lo que podría ralentizar las decisiones de asignación de capital vinculadas al desempeño de sostenibilidad. Para los ejecutivos multinacionales, proporciona un alivio regulatorio a corto plazo, pero amplía la incertidumbre en torno a la planificación del cumplimiento normativo a largo plazo.
La Comisión insiste en que la medida es pragmática, no política, y forma parte de una revisión de la eficiencia destinada a mantener la competitividad de la UE, al tiempo que sustenta sus ambiciones medioambientales. Sin embargo, mientras Bruselas reequilibra la ambición regulatoria con el pragmatismo económico, la decisión pone de relieve las complejas disyuntivas que enfrenta la gobernanza global de la sostenibilidad.
Cuando finalmente vuelva a surgir el retrasado paquete ESRS, probablemente lo hará en una forma más austera, condicionada no sólo por las negociaciones internas de la UE, sino también por la cambiante geopolítica del comercio global, los estándares de divulgación y las expectativas de los inversores.
