• El Canciller Merz pide la cancelación total de la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CDSDD) de la UE.
• El gobierno alemán planea revocar la implementación nacional de la directiva.
• Las preocupaciones de la comunidad empresarial sobre la carga del cumplimiento ganan respaldo político de alto nivel.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha instado públicamente a la Unión Europea a cancelar su Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD), lo que indica una posible reversión en el enfoque de Europa hacia la regulación ESG.

"Revocaremos la ley nacional en Alemania. Y también espero que la Unión Europea siga el ejemplo y cancele esta directiva." Merz dijo durante su primera visita oficial a Bruselas como Canciller.

La CDSDDD, adoptada en 2023 y con entrada en vigor prevista para 2028, obliga a las grandes empresas a identificar y abordar las violaciones de derechos humanos, como el trabajo forzoso y el trabajo infantil, en sus cadenas de suministro globales. Es un elemento central de la agenda ESG de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para integrar los derechos humanos y la responsabilidad ambiental en el gobierno corporativo.

A pesar del fuerte respaldo de la sociedad civil y de los defensores de los criterios ESG, sectores de la comunidad empresarial han criticado la directiva por imponer lo que consideran obligaciones de cumplimiento excesivas y costosas que podrían erosionar la competitividad europea.

Merz, que representa a la centroderechista Unión Demócrata Cristiana (CDU), se alineó con las preocupaciones corporativas, aunque expresó apoyo general al esfuerzo más amplio de la Comisión por reducir la burocracia.

"Necesitamos menos burocracia, no más”. Enfatizó, respaldando las medidas desregulatorias en todas las políticas de la UE.

La declaración de la Canciller coloca a Alemania, la mayor economía de la UE, en desacuerdo con la dirección legislativa del bloque en materia de gobernanza de la sostenibilidad, lo que podría reformular los debates sobre políticas ESG antes del cronograma de aplicación de 2028.

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