• La Comisión Global de Inversores en Minería 2030 lanza una visión a 10 años respaldada por propietarios y gestores de activos que supervisan 18 billones de dólares, con el apoyo técnico del PNUMA y en consonancia con la red de 128 billones de dólares de PRI.
• Las propuestas incluyen una Agencia Internacional de Minerales independiente, un Fondo Global para cubrir las obligaciones derivadas del cierre de minas y la expectativa de los inversores de que los compradores de automóviles y tecnología incorporen prácticas de abastecimiento responsables.
• Siete objetivos para 2035 se centran en establecer estándares de desempeño creíbles, una gobernanza más sólida, la reducción de conflictos y la distribución de valores con las comunidades para desbloquear capital para los minerales necesarios para la energía limpia y la infraestructura digital.

Una comisión liderada por inversores, que representa activos por valor de 18 billones de dólares, ha publicado un plan decenal para mejorar el desempeño ambiental y social de la minería mundial, con el objetivo de canalizar el capital hacia operadores que cumplan con estándares creíbles y evaluados de forma independiente. Presentado por la Comisión Global de Inversores en Minería 2030 en vísperas de la conferencia insignia de los Principios para la Inversión Responsable, respaldados por la ONU, y una semana antes de la COP30, el plan establece siete objetivos para 2035 con el fin de satisfacer la creciente demanda de cobre, níquel, litio y otros minerales de transición sin repetir los daños del pasado.

La Comisión cuenta con el respaldo de propietarios y gestores de activos, entre ellos el Fondo de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra, PIMCO, Legal & General, Ninety One, ING, Orion Resource Partners, el Consejo de Ética de los Fondos AP de Suecia y Royal London Asset Management. Ha recibido apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y está alineada con la red global de inversores de PRI. Representantes de la Comisión se reunieron con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y miembros de su gabinete el 30 de octubre para debatir el papel del gobierno en la creación de un sistema minero basado en normas, en el marco de la COP30 en Brasil.

Lo que cambiaría el plan

En esencia, la Comisión insta a los inversores a ir más allá de las exclusiones tajantes y los incentivos a corto plazo, e impulsar en su lugar la mejora continua en las minas y las cadenas de valor. Las propuestas clave incluyen:

• Establecer una Agencia Internacional de Minerales independiente para monitorear los equilibrios mundiales de oferta y demanda, rastrear los flujos ilícitos, codificar la legislación de mejores prácticas y publicar el progreso a nivel de empresa en relación con los estándares de desempeño mundiales para informar a los mercados de deuda y capital.
• Creación de un marco de evaluación del desempeño minero que permita a los inversores comparar las prácticas de las empresas, recompensar las mejoras y dirigir el capital en consecuencia.
• Respaldar un Fondo Global para el Legado que permita abordar las obligaciones de cierre y post-cierre insuficientemente provisionadas, y remediar los sitios heredados que limitan las nuevas inversiones y la confianza de la comunidad.
• Se generan expectativas entre los inversores respecto a los compradores posteriores —fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas y agrícolas— para que incorporen criterios de compra responsables y verifiquen el origen de los materiales.
• Alentar a los proveedores de datos y de criterios ESG a perfeccionar las metodologías sectoriales para que la minería se evalúe en función de la calidad de las prácticas y la mejora verificada, en lugar de penalizar indiscriminadamente al sector.
• Desarrollar un marco a nivel soberano para evaluar cómo los emisores de bonos gestionan la minería, reflejando la calidad regulatoria, la integridad de los permisos y la distribución de beneficios.
• Establecer un Centro Global para la Consolidación de la Paz y los Negocios en Sudáfrica para reducir los riesgos vinculados a los conflictos, apoyar modelos operativos responsables y disuadir el comercio ilícito.

Los siete objetivos de 2035

La Visión establece una dirección medible en torno a: la movilización de capital hacia una industria responsable y resiliente; estándares de desempeño independientes y creíbles; el abastecimiento responsable integrado en todas las cadenas de valor; la regulación e instituciones habilitadoras; la participación significativa y la distribución equitativa de beneficios con las comunidades; la reducción de los conflictos relacionados con la extracción; y el abordaje de los legados históricos al tiempo que se crean otros positivos en los sitios actuales.

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Voces de la Comisión

Adam Matthews, presidente de la Comisión y director de Inversiones Responsables del Fondo de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra, planteó la disyuntiva con claridad: los inversores pueden contribuir a la creación de un sistema minero responsable y basado en normas que genere valor a largo plazo y beneficios para la comunidad, o bien aceptar el desorden que erosiona la legitimidad social y aumenta el riesgo. Varios comisionados subrayaron que la falta de inversión amenaza la transición energética y que se necesitan expectativas claras —junto con nuevas instituciones— para movilizar capital a gran escala.

Implicaciones para los consejos de administración, los directores financieros y los responsables políticos

Para los líderes empresariales, el marco de la Comisión es una guía para el acceso al capital. Los ejecutivos deben prever un mayor escrutinio por parte de los inversores del desempeño de las minas, la verificación independiente, las provisiones para el cierre y los acuerdos con las comunidades, además de la presión para que los estándares se extiendan a la gestión de contratistas y empresas conjuntas. Los compradores de minerales se enfrentarán a la expectativa, respaldada por los inversores, de alinear las adquisiciones con el abastecimiento responsable y verificar las afirmaciones de la cadena de custodia.

Para los responsables políticos y los reguladores, las propuestas elevan el listón en cuanto a transparencia en la concesión de permisos, regímenes de regalías predecibles y capacidad de aplicación de la ley. Los países que buscan aumentar la contribución de la minería al desarrollo nacional —y emitir deuda soberana a precios competitivos— serán evaluados en función de la calidad de su gobernanza y su capacidad para frenar los flujos ilícitos.

Para los inversores, el plan ofrece herramientas para diferenciar a los líderes de los rezagados, reducir los riesgos de litigios y conflictos, y respaldar un suministro fiable de metales de transición. Además, cuestiona las políticas pasivas que tratan la minería de forma monolítica, fomentando índices dinámicos y una gestión responsable que recompense la mejora verificada.

Por qué esto importa más allá de la minería

El desarrollo de energías limpias, el crecimiento de los centros de datos y la modernización de la red eléctrica no pueden avanzar sin un nuevo suministro de metales. El plan de la Comisión busca alinear esta realidad con los marcos globales de sostenibilidad, basando el desempeño en estándares creíbles, datos transparentes y expectativas exigibles. Si se adopta ampliamente, este enfoque podría reducir las primas de riesgo, mejorar los resultados para las comunidades y acelerar proyectos financiables en jurisdicciones clave. Al celebrarse la COP30, el mensaje es pragmático: la minería responsable no es opcional. Es el factor determinante de los plazos, los costos y la legitimidad de la transición energética.

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